Corte de Apelaciones de Santiago condena a municipalidad por falta de acceso universal a edificio público

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó, en costas, a la municipalidad de la comuna por actuar discriminatorio al no dar cumplimiento al principio de accesibilidad universal al edificio Santiago Social, ubicado en el centro de la ciudad.

En sentencia del 21 de marzo del 2024, causa rol 7058-2023, la Octava Sala del tribunal de alzada revocó la sentencia apelada, dictada por el 21° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda.

“Que conforme al ORD N°13, de 12 de enero de 2022, de la Directora de Obras Municipales (s), se tiene por cierto que el edificio en cuestión corresponde a un inmueble de Conservación Histórica; sin embargo, de ello no se sigue que esté comprendido en la excepción legal invocada. Por el contrario, la simple lectura del documento referido deja en claro que al obtener el permiso que aprobó el cambio de destino, en el año 2019, el proyecto contemplaba las exigencias de accesibilidad universal para el acceso de calle Santo Domingo aplicable para los pisos 1, 2, 3 y 4, contemplando la eximición parcial de dicha accesibilidad solo para el nivel de zócalo (nivel -1), acogido al artículo 4.1.7 de la OGUC, el cual no contempla atención de público”, releva el fallo.

La sentencia agregó que “no resulta posible entonces asumir que por tratarse de un edificio de conservación histórica y por existir la facultad referida del Director de Obras Municipales pueda el municipio –de pleno derecho– eximirse del deber de tomar las medidas de accesibilidad para la atención de público”.

“Que, en conclusión, esta Corte no puede tener por establecida la situación de excusa legal alegada como ‘justificación razonable’, de acuerdo al artículo 2 de la Ley N° 20.609, puesto que resultaba plenamente exigible al organismo público cumplir con el principio de accesibilidad universal en el Edificio Patrimonial referido, ello a la luz de la legislación vigente y los Convenios Internacionales suscritos por Chile”, añade.

Para el tribunal de alzada, la conducta del municipio: “(…) se configura como un acto de discriminación arbitraria, en razón de la discapacidad del actor, pues este se ha visto directamente afectado con los inconvenientes para ingresar, salir y ser atendido en su silla de ruedas, el 20 de agosto de 2021, siendo esta restricción carente de justificación razonable y causante de una privación en los derechos consagrados en la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social y los artículos 5.2 y 5.3 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obligan al Estado a promover la igualdad y eliminar la discriminación tomando las medidas pertinentes para asegurar la realización de ‘ajustes razonables’ y medidas específicas para lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad”.

“Que en tales circunstancias, corresponde acoger la demanda, aunque por haberse acompañado fotografías que muestran que la situación fue prontamente subsanada, se sancionará únicamente con multa, la que se aplicará en el mínimo legal; sin perjuicio de la orden de mantener condiciones de accesibilidad universal, con la debida capacitación de sus funcionarios”, concluye.

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