Tercera Sala precisa alcance de exigencia de tramitación de liquidaciones de contratos ante Contraloría General de la República

Por medio de sentencia dictada el 29 de enero de 2024, Rol 161598-2023, la Tercera Sala de la Corte Suprema se pronunció acerca del alcance de la exigencia de la tramitación de liquidaciones de contratos ante Contraloría General de la República, en el contexto de contratación pública.

Indicó el fallo que “respecto de la ley del contrato en materia administrativa, en doctrina se ha expuesto: “A la luz de lo establecido en el artículo 1545 del Código Civil, debe afirmarse que al igual que un contrato entre privados, también el contrato administrativo, celebrado o perfeccionado previo procedimiento de formación de la voluntad contractual, es una ley para los contratantes”. Se agrega: “el contrato se rige por las normas legales y reglamentarias que lo tipifican o regulan, por las normas y cláusulas de las bases de licitación, por la oferta adjudicada y por las demás concernientes prescripciones técnicas, generales y particulares. Con el perfeccionamiento del contrato, ambas partes – Administración Pública y contratante particular – asumen la obligación de ejecutar de buena fe dicho contrato y cumplir las obligaciones que se imponen para cada una de ellas. En otras palabras, cada parte deberá cumplir sus obligaciones en la forma contraída y deberán estarse a lo pactado, sin que les sea posible eximirse de dicho cumplimiento, sino en las circunstancias especialmente previstas en el mismo contrato o en la ley”. (Claudio Moraga Klenner. Contratación Administrativa. Editorial Jurídica de Chile, pág. 201, citado por la sentencia CS Rol N° 21.351-2019).

Por otro lado, en relación a la toma de razón, ella se ha conceptualizado como “un control preventivo de juridicidad de los actos administrativos que, en conformidad con la Constitución y la ley, deben someterse a dicho trámite, con carácter obligatorio o vinculante, efectuado por la Contraloría General de la República” (Gabriel Celis Danzinger. Manual de Derecho Administrativo General. Editorial Hammurabi, año 2020, pág. 850)“.

Añadió el fallo que “el mismo autor señala, como uno de los efectos de la toma de razón que “permite completar la tramitación del acto en el caso de encontrarse afecto a toma de razón. En el caso de los actos administrativos afectos a dicho control preventivo de juridicidad, la toma de razón constituye una etapa procedimental destinada a completar la total tramitación del acto, la cual culmina con la comunicación del mismo, en cuya virtud este empieza a producir efectos jurídicos” (obra citada, pág. 856).

Con lo anterior, es posible entender las razones por las cuales el artículo 46 ya citado exige que las liquidaciones de contratos se encuentren “debidamente tramitadas por la Contraloría General de la República”, en tanto sólo una vez cumplida dicha gestión, el acto culmina su tramitación y comienza a producir efectos“.

La sentencia razonó, asimismo, que “tanto es así que, no existió discusión en orden a que uno de los motivos por los cuales el órgano contralor representó la resolución de liquidación, fue por el error de cálculo en una multa, cuyo pago precisamente debe formar parte del proceso de liquidación y, en efecto, constituye uno de los rubros que se encuentra incluido en ella, de modo que los montos consignados en dicho acto administrativo no se encuentran firmes mientras éste no termine su total tramitación y, en consecuencia, no es posible, antes que ello ocurra, la devolución de las garantías respectivas.

Por tanto, al omitirse la exigencia normativa de encontrarse totalmente tramitado el acto administrativo que contiene la liquidación del contrato, como presupuesto previo y necesario para la devolución de las garantías que caucionan la buena ejecución de la obra, los sentenciadores del grado han incurrido en una infracción de artículo 1545 del Código Civil, en relación al artículo 43 del Decreto Supremo N° 236/2002 y el artículo 46 del Decreto Supremo N° 355/1976, ambos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, yerro jurídico que ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, por cuanto condujo al acogimiento de una demanda, a pesar de no cumplirse con los presupuestos legales expresos para configurar el incumplimiento que se imputa“, concluyó.

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