Primera Sala: Honorarios del interventor es crédito valista

Por medio de sentencia del 30 de noviembre de 2023, Rol 21827-2022, la Primera Sala de la Corte Suprema señaló que los honorarios del interventor es crédito valista.

El fallo argumentó que “la resolución recurrida revocó el fallo de primera instancia en cuando éste acogió la objeción formulada en contra del crédito verificado por E. al considerarlo como valista, resolviendo, en su lugar, que los honorarios del interventor gozan de la preferencia para su pago, en los términos del artículo 2472 n° 4 del Código Civil. Esto fue acordado con el voto en contra de una de las ministras quien fue del parecer de confirmar la resolución apelada, compartiendo los fundamentos del tribunal a quo.

Que, de los antecedentes del proceso y las alegaciones de la recurrente de casación, se observa que la controversia jurídica radica en determinar si el crédito del interventor goza de la preferencia de pago que prevé el artículo 2472 N°4 del Código Civil.

Para resolver, se debe tener presente que de acuerdo con lo que establece el artículo 2469 del Código Civil, en principio, todos los acreedores se encuentran en igualdad de condiciones, teniendo cada uno de estos el derecho consagrado en el artículo 2465 del mismo cuerpo legal, en cuanto a que toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir todos los bienes raíces o muebles del deudor”.

Agregó la sentencia que “de acuerdo lo prevé la primera norma citada, hay excepciones, estableciendo el legislador algunas preferencias, lo que en definitiva permite que algunos acreedores puedan pagarse primero con el producto de la realización de los bienes del deudor, las que tienen su fuente en un derecho real, como es la prenda y la hipoteca o por existir interés público comprometido. Para Alessandri, Somarriva y Vodanovich en su “Tratado de las Obligaciones” (Ed. Jurídica de Chile, Segunda Edición ampliada y actualizada, año 2004, pág. 416) “La prelación de crédito puede definirse como la preferencia que la ley otorga a ciertos créditos en atención al rango, calidad, naturaleza de ellos, para ser pagados antes y en mejores condiciones que otros cuando aquéllos y éstos se hacen valer contra el mismo deudor” y que también se dice que son “el conjunto de reglas que determina las causales de preferencia de ciertos créditos respecto de otros y la concurrencia de dichos créditos entre sí, en caso que los bienes del deudor no sean suficientes para hacer pago de todas las deudas”.

Indica el fallo que “importante para resolver la controversia resulta lo que prevé el artículo 2488 del Código Civil en cuanto regla que “la ley no reconoce otras causas de preferencias que las indicadas en los artículos preferentes”.

De todo lo anterior se colige que las preferencias son siempre legales y, asimismo, que son excepcionales, lo que permite concluir que no se admiten analogías y siempre su interpretación debe ser restringida.

Los autores citados sostienen que “Por ser de derecho estricto, las causas de preferencia deben interpretarse restrictivamente: no hay preferencia por analogía y solo existen en los casos señalados por la ley; si no están contemplados en ella, los créditos no gozan de preferencia. Esta no puede ser creada por las partes”.

De la revisión de la ley 20.720 se determina que es la propia normativa la que ha establecido qué créditos que se regulan en ese cuerpo legal se les otorga la preferencia que establece el numeral 4 del artículo 2472 del Código Civil, entre los que se encuentra los que prevén los artículos 28, 72 inciso final, 74, 118 n° 2, 171 incisos 2 y 4, 239, 245 n° 2, 286 I inciso final y 286 J inciso final. Que ninguna de las normas citadas se refiere a los honorarios del interventor.

La resolución recurrida, para revocar la sentencia de primera instancia y declarar que los honorarios del interventor gozan de preferencia para su pago, lo funda en el artículo 69 de Ley 20.720″.

En cuanto a la cuestión controvertida, la sentencia indicó que “el tribunal recurrido yerra en dicha interpretación, pues no solo la naturaleza jurídica del veedor y del interventor son distintas, sino que, además, como ya se ha analizado en el considerando cuarto, las analogías en materia de prelación de crédito resultan improcedentes.

En tal sentido, respecto del veedor se debe tener presente que es un órgano concursal que de acuerdo se regula en la Ley 20.72, específicamente en el artículo 2 n° 40 y el título 1 del capítulo II, cumple el rol de administrador de la reorganización, correspondiéndole la labor de dirigir la negociación formalizada del procedimiento de reorganización, debiendo propender a la búsqueda de las instancias y condiciones para lograr los acuerdos.

El interventor, en cambio, cumple su labor fuera del escenario concursal, desempeñando las funciones y atribuciones que se determinen en el acuerdo de reorganización y, a falta de regulación, según lo establece el artículo 69 de la Ley, se deben aplicar las normas de la medida precautoria de intervención regulada en el artículo 294 del Código del Procedimiento Civil. Por su parte, la ley establece que la remuneración de éste también estará contenida en el Acuerdo de Reorganización

La labor del interventor tiene la naturaleza jurídica de un mandato privado, en los términos del artículo 2116 del Código Civil, siendo los mandantes en este caso los acreedores y el deudor.

Que, de lo que se viene analizando, acierta la recurrente de casación al sostener que la labor del interventor es una obligación asumida por la empresa deudora y los acreedores durante el período que media entre la fecha en que quedó aprobado el Acuerdo de Reorganización y la fecha en que se dictó la resolución de Liquidación de la empresa deudora, no resultando su remuneración un crédito gestado durante la vigencia de la protección financiera concursal de la empresa deudora que regula el artículo 57 de la Ley 20.720; ni tampoco es un crédito surgido después de dictada la resolución de liquidación”.

Concluyó que “como se ha señalado, la Ley 20.720 entrega a los honorarios del veedor, de acuerdo al artículo 28, la preferencia establecida en el número 4 del artículo 2477 del Código Civil. Por su parte, la misma ley, no establece la preferencia alegada para la figura del interventor, por lo que resulta que el crédito de este último no goza de preferencia alguna, teniendo, en definitiva, la calidad de valista.

Lo razonado pone de manifiesto el desacierto en que incurrieron los juzgadores al transgredir las normas de los artículos 2465, 2469, 2477 N°4 y 2488 del Código Civil, así como el artículo 28 de la Ley 20.720, infracciones de ley que han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo pues el error de derecho antes anotado condujo a los jueces a rechazar equivocadamente la impugnación del crédito planteada por la señora liquidadora, en circunstancias que la preferencia alegada por el señor interventor resultaba improcedente, pues su crédito debe ser considerado como valista”.

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