Tercera Sala analiza casos en que se configura cargo de exclusiva confianza

La Tercera Sala de la Corte Suprema en sentencia del 1 de agosto de 2023, Rol 147652-2022, se pronunció acerca de los cargos de exclusiva confianza.

Indicó que “tal como lo ha señalado esta Corte, por ejemplo, en SCS Rol N° 13.156-2018, el carácter de exclusiva confianza de un cargo público, no puede colegirse del grado o de la relevancia de las labores desarrolladas por el funcionario de que se trate, como tampoco de la circunstancia de habérsele delegado y/o encomendado funciones de Jefe de Servicio, sino de lo que disponga al respecto la ley que regula al servicio público de que se trate en relación con lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 18.834”.

Agregó que “en el caso que nos ocupa, el actor fue designado como profesional a contrata, asimilado al grado 6° EUS, en la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, para realizar funciones de Fiscal Regional. Lo anterior deja en evidencia que no fue contratado como funcionario de exclusiva confianza, toda vez que no fue designado para ejercer una labor que pueda ser encasillada en algunos de los casos señalados en el artículo 7° del DFL N° 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, ni en el DFL 850 del Ministerio de Obras Públicas, debiendo recordar que la autoridad debe regirse por el principio de juridicidad.

En este orden de consideraciones, es importante consignar que, la calidad de un cargo público no se define a partir de la decisión de la autoridad o de la confianza que se tenga en el funcionario, sino por las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que los regulan, que han sido expuestas precedentemente, por lo que no cabe atribuir al actor la calidad de funcionario de confianza para sustentar el término de la contrata”.

“Es más, si la autoridad estimaba que el actor era un funcionario de exclusiva confianza, pues es la única categoría de funcionarios de que cesan en sus cargos por perder la confianza de las autoridades superiores, debió necesariamente seguir el procedimiento previsto en los artículos 146 y 148 del texto legal antes citado, esto es, pedir la renuncia y luego, proceder a la declaración de vacancia del cargo, cuestión que no realizó.

En las condiciones descritas, el acto impugnado carece del estándar de fundamentación establecido en el artículo 11 y 41 de la Ley N° 19.880, puesto que se basa en un supuesto de hecho inexistente, esto es que el actor era un funcionario de confianza”.

Empleo a contrata

Asimismo, la sentencia se pronunció acerca de la renovación del empleo a contrata. Así señaló que “determinada la ilegalidad y arbitrariedad del acto que puso término a la contrata del reclamante, ésta ha contrariado además el propósito que el legislador previó al establecer los empleos a contrata y definir sus características de transitoriedad, vulnerándose el derecho de igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Atendido lo razonado, la presente acción cautelar debe ser acogida, para el solo efecto de pagar las remuneraciones devengadas hasta el término natural de la última prórroga de la contrata, toda vez que tal decisión es coherente con el nuevo análisis que ha realizado esta Corte en relación a la materia vinculada a la no renovación de las contratas de personas con una vinculación estatutaria menor a cinco años, en que, como se analizó, la Administración no requiere la dictación de un acto especial al efecto, dado que es el legislador quien dispone que al cumplirse el periodo de designación ésta concluye por el sólo ministerio de la ley, al ser inferior a cinco años su vinculación con la Administración y no estar amparado por el principio de confianza legítima. Todo lo cual no adquiere un carácter diverso por el hecho de comunicar expresamente esa determinación por razones de certeza jurídica y deferencia con el funcionario”, concluyó.

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