Dos relevantes sentencias de la Tercera Sala sobre juicio de cuentas ante Contraloría

La Tercera Sala de la Corte Suprema dictó recientemente dos relevantes sentencias sobre juicios de cuentas ante Contraloría, acogiendo recursos de queja contra resoluciones dictadas por los integrantes del Tribunal de Cuenta de Segunda Instancia de dicha entidad.

El primero de los fallos, dictado el 3 de mayo de 2023, Rol 8538-2022, se pronunció respecto del funcionario público que reviste calidad de “cuentadante”.

El fallo indicó que “el artículo 60 de la Ley Nº 10.336, a la letra dice: “Todo funcionario cuyas atribuciones permitan o exijan la tenencia, uso, custodia o administración de fondos o bienes a que se refiere el artículo 1°, será responsable de éstos, en conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias”.

Inmediatamente, el artículo 61 del mismo cuerpo normativo prescribe: “Los funcionarios que tengan a su cargo fondos o bienes de los señalados en el artículo anterior serán responsables de su uso, abuso o empleo ilegal y de toda pérdida o deterioro de los mismos que se produzca, imputables a su culpa o negligencia.

La responsabilidad civil derivada de hechos investigados en un sumario administrativo se hará efectiva en la forma que se establece en el artículo 129°, sin perjuicio de la facultad del Contralor para ordenar que se retengan las remuneraciones, desahucios o pensiones del funcionario o ex funcionario, cuando se trate de fondos de que éste aparezca directamente responsable en el sumario”.

Luego, el artículo 85, en su inciso primero, indica: “Todo funcionario, como asimismo toda persona o entidad que reciba, custodie, administre o pague fondos de los mencionados en el artículo 1°, rendirá a la Contraloría las cuentas comprobadas de su manejo en la forma y plazos que determina esta ley”

Los verbos rectores contenidos en los enunciados antes transcrito -recibir, tener, usar, custodiar, administrar y pagar- son concordantes con lo estatuido en el artículo 98, inciso 1º de la Carta Fundamental, norma que entrega competencia a la Contraloría General de la República para examinar y juzgar las cuentas “de las personas que tengan a su cargo bienes” de las entidades fiscales que indica”.

Añadió que “en el caso concreto, el órgano de control, en su reparo, justificó la condición de cuentadante de MA en su calidad de Jefa del Departamento de Gestión de Recursos Humanos, función pública que sirvió, al menos de hecho, entre septiembre de 2012 y junio de 2013. Ello, por cuanto el artículo 25, letra b) del Decreto Nº248 de 2010 del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el reglamento orgánico y de funcionamiento de dicha cartera, puso dentro del ámbito de la competencia de la jefatura antes indicada el “proponer, implementar y especialmente evaluar las políticas de recursos humanos del Ministerio”. Así, a juicio del órgano de control era exigible que la quejosa adoptase todas las medidas necesarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones funcionarias del personal de la mencionada Subsecretaría, en especial aquellas contenidas en los literales a) y d) del artículo 61 de la Ley Nº 18.834, relativas al desempeño personal de las funciones de manera regular y continua, y al cumplimiento de la jornada de trabajo.

Queda en evidencia que no es posible atribuir a la quejosa la calidad de cuentadante, puesto que su función no comprendía la recepción, tenencia, uso, custodia, administración o pago de fondos fiscales.

Relacionado con la conclusión anterior, la infracción a los deberes propios del cargo denunciada en el reparo podría, hipotéticamente, haber arrojado consecuencias disciplinarias, siempre para el caso que tal clase de responsabilidad hubiese sido determinada en la instancia administrativa pertinente, cual es el sumario administrativo, mas no el examen ni el juicio de cuentas”.

Otra sentencia, esta vez dictada el 5 de mayo de 2023, Rol 139918-2022, sostuvo que no es posible que la Contraloría analice una cuenta y luego de observarla inicie un nuevo procedimiento “especial” de examen de cuentas. Caducidad

Razonó la Tercera Sala que “esta Corte Suprema ha dicho sobre el particular que el reparo, es un acto administrativo híbrido, toda vez que con él se afina el proceso de rendición de cuentas a la Contraloría General de la República y, a su turno, el mismo inicia el juicio de cuentas, teniendo en este el carácter de demanda, lo que determina que una vez presentado, se provea el traslado a los funcionarios afectados-demandados.

En este aspecto, se ha señalado “La facultad para examinar la cuenta, que la ley radica en la esfera de competencia de la Contraloría, ha sido expresamente limitada a un plazo máximo de un año, de modo que esta potestad de revisión contable debe desenvolverse y afinarse necesariamente dentro de ese lapso temporal.

Vencido este plazo, además de extinguirse la competencia del órgano administrativo examinador, cesa la responsabilidad contable del funcionario cuentadante. Este término corre a partir de la recepción de la cuenta por la Contraloría General” (Jara Schnettler, Jaime, “Caducidad y Notificación del Reparo en el Juicio de Cuentas”, Revista de Derecho Público, vol. 77, 2012.

Una vez culminado el examen de la cuenta, el órgano Contralor tiene la posibilidad de aprobarla, observarla o repararla. Respecto de esta última hipótesis, el autor antes citado ha señalado: “El “reparo” configura un acto negativo o de rechazo de la cuenta que comporta una crítica específica a la misma, en el sentido de que ésta adolece de vicios de fondo, no subsanables en cuanto a su legalidad y a la documentación que la sustenta. El reparo además de constituir el acto que cierra el trámite administrativo de examen de la cuenta, conlleva un efecto extra–administrativo, de índole procesal. Tiene la virtud de ser el acto jurídico procesal de parte calificado por la ley como idóneo para iniciar propiamente el denominado “juicio de cuentas”.

Agregó que “se debe precisar que el juicio de cuentas es un procedimiento de carácter contencioso administrativo en que se busca establecer la responsabilidad extracontractual de quienes se encontraban a cargo de la administración de fondos públicos, cuya cuenta, una vez realizado el examen, ha resultado reparada.

Surge como corolario de todo lo hasta acá razonado, que el examen de cuentas realizado en el Informe Final N°53 debió dar lugar al reparo en contra de las cuentadantes, no siendo aceptable que el órgano contralor dispusiere una nueva investigación “especial” respecto de los mismos pagos y partidas ya examinados en el informe aludido. La Contraloría General de la República, tuvo en su poder los antecedentes necesarios para formular el reparo y debió hacerlo dentro del año desde la recepción de los mismos, hecho que tuvo lugar antes del 2 de febrero del año 2015, fecha de suscripción del Informe Final N°53. Aceptar lo contrario implicaría que la Contraloría General de la República pueda extender, a su arbitrio, el plazo que la ley le impone para reparar la cuenta, lo que desvirtúa el espíritu de la norma contenida en el artículo 96 de la Ley N°10.336 que contiene un plazo de caducidad destinado a dar término a la responsabilidad del cuentadante y la que pueda afectar a terceros, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los funcionarios culpables del retardo. Además, la misma norma dispone que ello no obsta a las responsabilidades civil y criminal, que continuarán sometidas a las normas legales comunes”.

Así concluye que “en otras palabras, no es posible que la Contraloría General de la República analice una cuenta, y luego de observarla, inicie un nuevo procedimiento “especial” de examen de cuentas, pues su obligación es realizar un solo análisis, requiriendo todos los documentos y antecedentes que estime necesarios”.

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