Sumario:
Es un hecho cierto, también, que las recurridas han impedido a la actora el ingreso al condominio a efectos de realizar las gestiones necesarias para la venta de los departamentos de su propiedad, obstaculizando el normal desarrollo de su actividad económica, la que no sólo corresponde al libre ejercicio de una actividad lícita, sino a un compromiso asumido en el proceso de reorganización judicial, en el que también concurre el interés de los acreedores, los que para éstos efectos resultan insoslayables.
Así las cosas, no es aceptable que las recurridas, infundadamente, impidan el ingreso de la actora al condominio referido, puesto que, conforme ha quedado demostrado en autos ésta cuenta con un título de dominio vigente sobre las unidades referidas, por otra parte se encuentra obligada judicialmente a seguir desarrollando su actividad inmobiliaria, lo que las recurridas desestiman, impidiendo incluso que el ministro de fe del tribunal pueda acceder al condominio, en una acción de autotutela que no puede ser amparada, puesto que cualquier reparo u objeción al accionar de la recurrente debe ser encausado por las vías procesales.
De acuerdo a lo que se ha razonado, se demuestra que a través y como consecuencia de los hechos antes descritos, se ha privado infundadamente al recurrente del efectivo desarrollo de su actividad económica, razón por la cual los actos recurridos han infringido el derecho consagrado en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, motivo por el cual el amparo requerido debe ser acogido (Corte Suprema, Tercera Sala, 28 de marzo de 2023, Rol 4272-2022).