Precisan que no se exige para configurar desacato que incumplimiento de medidas cautelares esté asociado a un riesgo efectivo para la salud, integridad o vida de la persona protegida

La Segunda Sala de la Corte Suprema conociendo de un recurso de nulidad penal señaló que no se exige para configurar desacato en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) que incumplimiento de medidas cautelares deba tener asociado un riesgo efectivo para la salud, la integridad o vida de la persona protegida.

En fallo del 13 de enero de 2023, Rol 18596-2022, el máximo tribunal indicó que «según dispone el artículo 10 de la Ley N° 20.066 “en caso de incumplimiento de las medidas cautelares o accesorias decretadas, con excepción de aquella prevista en la letra d) del artículo 9°, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de imponer al infractor, como medida de apremio, arresto hasta por quince días”, señalando a su vez el señalado inciso segundo del referido artículo 240 que “el que quebrante lo ordenado cumplir será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo”.

Añadió que «igualmente conviene recordar que conforme lo declaran expresamente los artículos 1, 2 y 3 de la ley N° 20.066, el objeto de dicho cuerpo normativo es prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas de la misma, e imponen como obligación del Estado adoptar las medidas conducentes para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de los miembros de la familia, debiendo, además, asumir el deber de adoptar políticas orientadas a prevenir ese tipo de violencia, en especial contra la mujer y los niños, y a prestar asistencia a las víctimas, disponiendo que, entre otras, adopte las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Chile, estableciendo dicho texto que, a fin de prevenir situaciones de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, el juez, con el solo mérito de la denuncia, debe adoptar las medidas de protección o cautelares que corresponda, correspondiendo que en caso de incumplimiento de las señaladas medidas cautelares o accesorias decretadas ponga en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. (SCS Rol 8467-2009 de 26 de enero de 2010).

En consecuencia, en atención a los bienes jurídicos tutelados por la Ley N° 20.066 nuestro ordenamiento jurídico ha reforzado penalmente el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas en el marco de un procedimiento seguido por actos que se han catalogado como constitutivos de violencia intrafamiliar mediante la remisión al delito del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objetivo de esta última norma proteger el imperio de las resoluciones judiciales, sancionando a quien a sabiendas quebranta lo que se le ha ordenado cumplir por un tribunal de justicia».

La sentencia razonó que «de la lectura de lo dispuesto en el artículo 10 de la ley de Violencia Intrafamiliar y 240 del Código de Procedimiento se observa que en parte alguna se exige para configurar un delito de desacato que el incumplimiento de las medidas cautelares deba tener asociado un riesgo efectivo para la salud, la integridad o la vida de la persona protegida, importando la interpretación de la defensa la exigencia de elementos que no han sido contemplados por el legislador y que tampoco se avienen con el objetivo previsto al establecer la norma, entendiendo que éste no es otro que eliminar cualquier posibilidad de riesgo de afectación a la víctima de un acto que ha sido catalogado indiciariamente como constitutivo de violencia intrafamiliar, a través de la imposición de medidas cautelares al hechor que, necesariamente, deben ser cumplidas por éste, asociando la eventual desobediencia del mandato del tribunal con el delito de desacato.

En consecuencia los jueces del grado no han incurrido en una errónea aplicación del derecho al sancionar los quebrantamientos del acusado pues han verificado que éste con cabal conocimiento de las medidas cautelares que le habían sido impuestas, en el marco de una causa seguida por violencia intrafamiliar, desobedeció la orden del tribunal, concurriendo al domicilio que debía abstenerse de visitar, aproximándose además a la persona de quien debía mantenerse alejado, incumpliendo así, deliberadamente y de manera contumaz, las prohibiciones que le fueron impuestas, configurándose el injusto del inciso 2° del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, al lesionar el bien jurídico que la norma protege que, como se dijo, no es otro que el imperio de las resoluciones judiciales y la recta administración de justicia, motivo por el cual el primer motivo de nulidad invocado en el recurso será desestimado», concluyo.

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