El hecho ilícito civil y la indemnización por expulsión de socio de un sindicato que le priva de sus derechos

Por medio de sentencia del 19 de enero de 2023, Rol 138667-2020, la Primera Sala de la Corte Suprema declaró la existencia de un hecho ilícito civil en la expulsión de socio de un sindicato que le priva de sus derechos.

Argumentó el fallo que «con todo y más allá de las cuestiones de orden fáctico, efectivamente los demandados actuaron con negligencia en los deberes de cuidado que tenían para con el actor, tal como lo reconoce el fallo en análisis y la pretensión resarcitoria del demandante obedece precisamente al hecho de haber sido expulsado del sindicato. Ese es el acto ilícito cometido, y la separación que fue decidida contrariando los estatutos y la Carta Fundamental necesariamente genera una serie de efectos que los demandados debieron representarse y que no están ni pueden estar circunscritos únicamente a la finalidad de resguardar el debido proceso.

Y ello es así porque la ilegal desvinculación afectó a un socio que pertenecía al sindicato por más de 28 años, sometiéndolo 0a un proceso sancionatorio del todo irregular, por negligencia inexcusable de las demandadas quienes se encontraban en situación de prever que su accionar podía generar en el actor un desmedro patrimonial y extrapatrimonial. Esas derivaciones no son efectos imprevisibles de una decisión de semejante naturaleza, aun cuando la sanidad síquica del demandante no está garantizada por pertenecer al ente sindical, se aduce incumplido, porque no es ese el deber de conducta que acá sino los efectos de aquella desvinculación arbitraria.

Por ende, si la culpa es un mecanismo de distribución de riesgos sociales y si en la especie esa culpa ha sido suficientemente asentada respecto de los demandados, debe concluirse que los demandados asumieron el riesgo concreto y no potencial de que su conducta podría generar esos resultados, en la convicción de que el proceso sancionatorio demostraría que la decisión adoptada se encontraba debidamente justificada. Pero como la expulsión del sindicato constituyó un acto ilegal y arbitrario y tampoco ha podido verificarse ni establecerse que la conducta del demandado estuviese reñida con los principios que inspiran a la organización sindical, necesariamente recae sobre los agentes el deber de resarcir aquellos daños imputables a su actuar contrario a derecho».

Agregó que «en el ámbito de la responsabilidad extracontractual invocada por el demandante los artículos 2314 y 2329 del Código Civil contienen el principio general que impone a quien ha ocasionado un daño a otra persona, mediando malicia o negligencia, la obligación de repararlo. En particular, este último precepto consagra en forma positiva un principio que, aun en ausencia de regla expresa, es admitido en todos los sistemas, cual es el que la reparación ha de ser integral. En otros términos, la indemnización ha de comprender todo el daño. Es este un principio que parece tan evidente que basta con su enunciación, sin que parezca necesario justificarle, ya que se presenta como una conclusión lógica de la idea de responsabilidad civil y reparatoria. Según el principio conocido como restitutio in integrum, la indemnización ha de comprender la suma que coloque a la parte que ha sido dañada en la misma posición en que estaría si no hubiese sufrido el hecho dañoso por el cual ahora está obteniendo compensación».

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