Aclaran que ley no establece un plazo entre represalia y la gestión realizada ante fiscalizador laboral

La Corte de Apelaciones de San Miguel en sentencia del 12 de octubre de 2022, Rol 512-2022, aclaró que la ley no establece un plazo entre represalia y la gestión realizada ante fiscalizador laboral.

Argumentó que «el último acto revanchista del empleador, al cual se puso remedio el 15 de junio de 2021, es poco anterior al auto despido y los demás, están relacionados entre sí, por lo que puede estimarse que existe una conexión temporal entre las conductas constitutivas de la denuncia y el hecho del despido, auto despido en este caso. Existe una clara relación causa-efecto, establecida como hecho del fallo, entre el ejercicio de las primeras acciones administrativas del trabajador y las represalias del empleador. En términos más amplios, corresponde a lo que denomina Eduardo Caamaño, en el sentido que “tratándose de un mecanismo de protección o de tutela de un derecho que es de categoría fundamental, su formulación es extensiva, antes que restrictiva, flexible antes que rígida. Si se pretendiera que la relación entre la actuación del trabajador y la medida empresarial que le sigue, ha de ser siempre directa e inmediata, significaría que solo se están comprendiendo situaciones extremas o de evidente vulneración, tal como el trabajador que reclama ante la Inspección del Trabajo, regresa, retoma sus labores y, acto seguido, es separado de su empleo. Quedarían así excluidas del ámbito de protección de la norma las situaciones de mayor frecuencia, esto es, aquellas encubiertas, de justificación solo aparente o que han sido diferidas en el tiempo, que por ser tales no dejan de ser igualmente dañinas y proscritas. En suma, el nexo causal a que alude el artículo 485 inciso 3º no solo puede ser directo e inmediato, sino que también mediato” (Eduardo Caamaño, “Código del Trabajo Sistematizado con Jurisprudencia”, Legal Publishing, Santiago, Primera Edición, 2012). Esta doctrina, referida a casos de despido, es perfectamente aplicable al despido indirecto».

Agregó que «en consecuencia, “la ley no establece un plazo por el cual debe existir esta represalia y la gestión realizada, por lo tanto, de acuerdo a la prueba aportada y a cada caso concreto, es que el juez podrá considerar que acoge la denuncia de tutela aun cuando hayan transcurrido meses desde la represalia ejercida por el empleador, todo esto de acuerdo a los indicios, unido al juicio de ponderación, es decir, que existiendo una represalia en contra del trabajador, el juez debe acoger la denuncia, distinto es el caso si se puede probar dicha circunstancia” (Guillermo Aguilera López, “Concepto de Represalia a Propósito de la Llamada Garantía de Indemnidad en Materia Laboral, Escuela de Post Grado Facultad de Derecho Universidad de Chile, 2017).

Como se entiende, la misma reflexión puede aplicarse, al tiempo transcurrido entre las represalias del empleador y la fecha en que se produce el auto despido. Por tanto, ninguna infracción al artículo 489 del Código del Trabajo, ha cometido la sentenciadora al considerar que las represalias de la empleadora denunciada, incluido el último hecho lesivo, que terminó el 15 de junio de 2021, fueron cometidas con ocasión del despido indirecto, de 2 de julio de 2021″.

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